El cumplimiento de las decisiones constitucionales constituye una exigencia esencial de la justicia constitucional. Una sentencia no puede quedar reducida a una declaración formal: sus medidas deben ejecutarse de manera efectiva.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que pueden presentarse situaciones excepcionales en las que una medida de reparación resulte fáctica o jurídicamente imposible de ejecutar.

La imposibilidad jurídica aparece cuando ejecutar literalmente lo ordenado supondría contravenir el ordenamiento jurídico, desconocer una modificación normativa relevante, desnaturalizar la garantía constitucional o invadir competencias atribuidas a otro órgano.

1. La regla general sigue siendo el cumplimiento

La inejecutabilidad no puede convertirse en una fórmula para desconocer decisiones constitucionales.

La acción de incumplimiento no constituye una nueva instancia para volver a discutir si la sentencia de origen fue correcta o incorrecta. Una vez que existe una decisión ejecutoriada, el análisis debe concentrarse en determinar si las obligaciones ordenadas han sido cumplidas y, excepcionalmente, si existe una imposibilidad real que impida su ejecución.

Por eso, no basta con que una medida sea difícil, costosa o incómoda de cumplir. La imposibilidad debe ser jurídicamente relevante y suficientemente justificada.

2. Cuando la medida entra en contradicción con el ordenamiento jurídico

Uno de los precedentes más ilustrativos es la sentencia 20-19-IS/21.

En ese caso, la Corte analizó varias medidas ordenadas dentro de una acción de protección relacionada con obligaciones tributarias. Entre otras cuestiones, la decisión de origen había atribuido determinados efectos a pronunciamientos de tribunales distritales y había limitado facultades que el ordenamiento atribuía al Servicio de Rentas Internas.

La Corte concluyó que ciertas medidas eran inejecutables porque su cumplimiento supondría contravenir manifiestamente el ordenamiento jurídico. Además, aclaró que no estaba reabriendo la discusión sobre cuál era el criterio tributario correcto.

Ese matiz es importante: la imposibilidad jurídica no consiste en revisar nuevamente el mérito de la sentencia, sino en verificar si su ejecución puede producirse válidamente dentro del ordenamiento.

3. La ejecución tampoco puede trasladar competencias entre órganos

La misma lógica permite advertir otra dimensión del problema.

Una medida constitucional tampoco puede ejecutarse de una manera que implique que un órgano ejerza competencias que jurídicamente corresponden a otro.

En la sentencia 20-19-IS/21, precisamente, la Corte advirtió que determinados efectos atribuidos a decisiones de tribunales distritales interferían con competencias relacionadas con el sistema de precedentes que correspondían a la Corte Nacional de Justicia.

Por ello, el cumplimiento constitucional no puede ser entendido como una autorización para alterar la distribución de competencias prevista por el propio ordenamiento.

4. ¿Qué sucede cuando el régimen jurídico cambia después de la sentencia?

La sentencia 23-17-IS/23 muestra un escenario diferente.

En ese caso, una decisión había ordenado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo alcanzar un acuerdo respecto del valor de un inmueble y, si ello no era posible, iniciar un procedimiento de expropiación conforme al régimen procesal entonces vigente.

Posteriormente, el marco jurídico cambió y las demandas de expropiación planteadas bajo aquel procedimiento fueron rechazadas por falta de competencia.

La Corte verificó entonces que esa parte de la decisión ya no podía ejecutarse exactamente en los términos originalmente ordenados.

Este precedente es especialmente importante porque demuestra que la imposibilidad jurídica puede aparecer con posterioridad a la sentencia, como consecuencia de modificaciones normativas o institucionales.

5. ¿La imposibilidad de una medida extingue necesariamente la reparación?

No necesariamente.

Uno de los aportes más relevantes de la sentencia 23-17-IS/23 consiste precisamente en reconocer que, cuando una medida se vuelve jurídicamente inejecutable, puede ser necesario examinar la posibilidad de adoptar una medida equivalente.

En ese caso, la Corte dejó a salvo las vías correspondientes para determinar el justo precio del inmueble.

Esto permite distinguir entre dos situaciones diferentes:

• que una determinada forma de cumplimiento sea imposible; y
• que toda posibilidad de reparación haya desaparecido.

La primera no conduce automáticamente a la segunda.

Si todavía existe una alternativa jurídicamente válida que permita alcanzar la finalidad reparadora de la sentencia, la imposibilidad de ejecutar literalmente una medida no debería traducirse necesariamente en ausencia de reparación.

6. De la restitución imposible a una medida equivalente

Una lógica semejante puede observarse en la sentencia 74-19-IS/23.

En ese caso, la restitución en un cargo había perdido viabilidad debido a circunstancias posteriores, entre ellas la jubilación de la persona beneficiaria y modificaciones jurídicas relacionadas con el cargo.

Ante la imposibilidad de ejecutar literalmente la restitución, la Corte adoptó una medida equivalente mediante un pago único en equidad.

Este tipo de decisiones demuestra que el análisis del cumplimiento no puede agotarse en una visión puramente literal de la parte resolutiva.

La finalidad de la reparación también importa.

7. Cuando la restitución no era jurídicamente posible

Otro ejemplo relevante aparece en la sentencia 155-23-IS/24, relacionada con la restitución al cargo de consejera comercial en Jerusalén.

En ese caso, la persona beneficiaria no había llegado a posesionarse efectivamente en dicho cargo.

Por ello, ordenar una “restitución” implicaba devolver a una persona a una situación jurídica que, en términos estrictos, nunca había llegado a consolidarse.

El caso vuelve a mostrar que la ejecución constitucional debe atender tanto a la realidad jurídica como a la realidad fáctica del caso.

No toda orden de restitución puede materializarse simplemente porque aparezca redactada de esa manera en una sentencia.

8. La imposibilidad jurídica no equivale a mera dificultad

De esta línea jurisprudencial puede extraerse una distinción fundamental.

Una cosa es que una sentencia sea difícil de ejecutar.

Otra muy distinta es que una determinada medida resulte jurídicamente imposible de ejecutar.

La dificultad exige desplegar las actuaciones necesarias para alcanzar el cumplimiento.

La imposibilidad jurídica, en cambio, supone que ejecutar literalmente lo ordenado conduciría a un resultado incompatible con el ordenamiento jurídico, con las competencias de los órganos involucrados o con circunstancias normativas posteriores que hicieron inviable la medida.

Por ello, la declaración de inejecutabilidad debe ser excepcional.

9. ¿Cuándo puede hablarse entonces de imposibilidad jurídica?

A partir de esta jurisprudencia pueden identificarse algunos escenarios:

• cuando la ejecución de la medida contradice manifiestamente el ordenamiento jurídico;
• cuando supone ejercer competencias atribuidas a otro órgano;
• cuando un cambio normativo posterior vuelve imposible el mecanismo originalmente ordenado;
• cuando la restitución ordenada carece de una posibilidad jurídica o fáctica real;
• o cuando la ejecución literal de la medida resulta incompatible con la situación jurídica existente.

En todos estos casos, el análisis no debería terminar necesariamente con la declaración de imposibilidad.

También corresponde preguntarse si existe una medida equivalente o una forma alternativa de cumplimiento capaz de preservar la finalidad reparadora.

En conclusión

Las sentencias constitucionales deben cumplirse.

La imposibilidad jurídica constituye una excepción y no una vía para reabrir el fondo del caso ni para desconocer decisiones ejecutoriadas.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que pueden existir circunstancias en las que ejecutar literalmente una medida resulte jurídicamente inviable.

En esos casos, el problema no consiste únicamente en determinar que la medida no puede cumplirse tal como fue ordenada. También debe examinarse si existe una alternativa constitucionalmente válida que permita mantener, en la mayor medida posible, la finalidad de la reparación.

En definitiva, la diferencia está entre una sentencia difícil de ejecutar y una medida jurídicamente imposible de ejecutar.

La primera debe cumplirse pese a las dificultades.

La segunda exige justificar la imposibilidad y, cuando corresponda, buscar una forma equivalente de reparación.